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Instalación de ascensor. Porcentaje de votos exigidos, obligatoriedad de pago de propietarios en contra. Obligatoriedad de instalación si en el inmueble viven personas mayores o discapacitadas.

La instalación de un ascensor con el objeto de suprimir las barreras arquitectónicas de las personas con algún tipo de minusvalía o discapacidad es uno de los supuestos comprendidos en el artículo 17.1 de la Ley de Propiedad Horizontal, en el sentido de exigir el acuerdo de la mayoría de los propietarios que a su vez represente la mayoría de las cuotas de participación.

Si el objeto de la instalación es distinto del de la supresión de las barreras arquitectónicas, este artículo establece que para su establecimiento se requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación, incluso cuando supongan la modificación del título constitutivo o de los estatutos.

La LPH establece así un régimen flexible cuando la decisión comunitaria pretende eliminar toda dificultad en la movilidad de personas discapaces o con problemas de accesibilidad.

El concepto de minusvalía reflejado en la LPH no debe exigirse con rigor formal, sino aceptarse en un sentido amplio. Es decir, no se requiere una declaración o reconocimiento administrativo que indique la discapacidad y el grado de minusvalía; sería suficiente con que se trate de personas que se encuentran impedidas o limitadas en su capacidad deambulatoria, como ocurre con las personas de edad avanzada.

Debe tenerse en cuenta varios aspectos. En primer lugar, la Ley 15/1995, de Límites del Dominio y Supresión de Barreras Arquitectónicas reconoce el ejercicio de los derechos en ella contenidos a los mayores de 70 años; en segundo término, que una reiterada jurisprudencia de nuestros tribunales ha reconocido estos derechos también a las personas mayores en el ámbito de la propiedad horizontal; y, por último, que el artículo 10.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, que reforma la Ley de Propiedad Horizontal, da definitivamente entrada a los inquilinos de inmuebles mayores de 70 años entre los beneficiarios de estas medidas.

Para acreditar este derecho, bastaría, pues, con exhibir el DNI, donde consta la fecha de nacimiento.

La más reciente jurisprudencia ha reconocido que cuando la instalación del ascensor deriva de un acuerdo de la junta de propietarios (al concurrir minusvalías que afecten a uno o varios de los propietarios, aun tratándose de una innovación), a efectos legales, ésta se convierte y ha de ser calificada como exigible y necesaria, requerida para la habitabilidad y uso total del inmueble y no simple obra innovadora de mejora. Cuando se trata de un edificio en altura, la normalización de su disfrute por todos los propietarios así lo impone.

Obligación de pago por todos los propietarios: Los acuerdos válidamente adoptados con arreglo a lo dispuesto en la norma obligan a todos los propietarios y no se establecen excepciones (artículo 9.1 de la LPH): La exclusión de los disidentes de la obligación de contribuir al coste de su instalación tendría que estar establecido de forma expresa, como en lo referente a la instalación de nuevos suministros energéticos (artículo 17.2 LPH).

Todos los comuneros estarán obligados, sin excepciones, no sólo a consentir la obra, sino a sufragar el coste de instalación. Ésta, como medida de accesibilidad, tiene la naturaleza de necesaria o requerida para la adecuada habitabilidad del inmueble en relación con todos los propietarios que lo habitan.